En Conferencia de Prensa en la Defensoría de los Habitantes realizada el pasado 17 de junio, se reveló que la disponibilidad de nuevos servicios para habitantes son inciertos, mientras que los desarrolladores privados tienen garantizado el suministro de más de 5mil conexiones de agua.
Ajenos al principio de legalidad, el contrato firmado con “empresas” para proveer de agua (privatizada) mediante un fideicomiso, óigase bien: con CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD es cuestionado por la Defensoría.
El gobierno del Nobel de la Paz ha puesto a enfrentarse a los vecinos de Playas del Coco con la gente de Sardinal, quieren río revuelto y la paz social y entre comunidades no les interesa. Lo que los vecinos del Coco ignoran es que para conectarse a un acueducto privado tendrán que pagar, algo que no sucede con AyA. Hoy el precio va por más de US$ 3.000 y sigue subiendo, a medida que la oferta disminuya el precio aumenta… simples leyes del mercado se imponen sobre los derechos de las personas como es el derecho al agua.
El contrato cargado de vicios de legalidad se convirtió en un contrato privado mediante el cual se imposibilita que se pueda disponer de un bien de dominio público -como es el agua-. El AyA renuncia a sus potestades de imperio que por mandato legal tiene asignado dentro del fideicomiso. Además la Sala IV no ha ordenado que se suspendan las obras que ya están a un 77% de avance.
La Defensoría ha hecho del conocimiento de la Contraloría General de la República este contrato para que lo revise como corresponde.
En caso que el gobierno decida rescindir el incongruente contrato en el contexto jurídico nacional, constitucional y legal, el Estado estaría obligado a indemnizar a quienes actuaron al margen de la ley porque podrán recurrir a un arbitraje con muy buenas posibilidades de ganar y ahí TODOS tendremos que pagar esta barbaridad… mientras tanto Ricardo Sancho y la Junta Directiva del AyA siguen mintiendo al país y nadie les exige que dejen sus cargos y se hagan responsables de semejante barbaridad.
AyA en estas condiciones NO PODRÁ ASEGURAR NI A LOS VECINOS DE SARDINAL NI A NADIE que habrá suficiente suministro de agua porque no existen estudios técnicos que lo respalden y más importante aún, porque han cedido a “empresas” privadas un bien público.
Entre los puntos relevantes de lo que informa la Defensoría podemos desprender los siguientes hechos:
- No hay garantía que el agua para uso humano goce de prioridad alguna.
- Tampoco establece el uso del agua para usos agrícolas.
- No hay plan regulador ni ningún plan de desarrollo para regular el uso del agua.
- No es un proyecto transparente. Las empresas deberían levantar cláusulas de confidencialidad demostrando así la buena fe.
- No se establece quien regula el uso y explotación del agua.
Al principio del proyecto cada paja de agua se vendía a US$ 800 hoy se cotiza a US$ 3.035 y sigue subiendo. Sólo tendrán derecho a paja de agua quienes puedan pagar, no hay listas de espera, por lo tanto lo que los vecinos de El Coco deben saber es que si desean conectarse a la paja de agua deben pagar ese precio o el que las “empresas” estén cobrando al momento de solicitar el agua. Nacionales o extranjeros, todos pagarán lo que les impongan.
Para más información visite la página de la Defensoría de los Habitantes en http://www.dhr.go.cr/



